Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile
Este 19 de mayo de 2020, en el Día Mundial contra Monsanto recordamos que en Chile la fusión de Monsanto con Bayer, fue autorizada hace casi dos años por la Fiscalía Nacional Económica. Por décadas, ambas empresas vienen afectando la salud y bienestar de las comunidades rurales, las trabajadoras y trabajadores agrícolas y sus hijos, dañando la biodiversidad y contaminando sin responder por los impactos causados. María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, afirma: “El cáncer y la degradación del ambiente no pueden ser el costo de hacer negocios en Chile”.
El poder de Bayer Monsanto se multiplicará si continúa avanzando el decreto exento del SAG, que busca eximir de toda regulación los nuevos transgénicos, aquellos resultantes de un trabajo de laboratorio con la técnica CRISPRR de edición de genes u otras similares. Es exactamente la misma línea de la FDA de Estados Unidos y contraria a las normas de la Unión Europea, que los regula igual que a los transgénicos de primera generación. Asimismo el nuevo decreto del SAG, posibilita por primera vez el acondicionamiento y “usos futuros” de los transgénicos desarrollados en Chile o en el extranjero. Hasta ahora esta semillera y las otras agroquímicas, como Chem Syngenta y Corteva (antes Pioneer y Dow, también fusionadas) sólo podían estar en el negocio de exportación de semillas transgénicas, pero no podían comercializarlas en el mercado interno. La consulta pública del SAG, hecha en plena cuarentena y estado de emergencia, concluye el 1° de junio. No tiene carácter vinculante, sino solo cumple con las normas de “participación ciudadana” que deben llevar adelante los servicios públicos. Luego de ello, el ministerio de agricultura espera, según se estima, derogar la norma actual, con lo que estará cumpliendo las demandas permanentes del lobby de Bayer Monsanto y las semilleras. Por otra parte el decreto también se adelanta a lo que ocurra con el TPP 11, puesto que las disposiciones de ese tratado incluyen un ítem de “coherencia regulatoria” que obliga al país a considerar los transgénicos sólo como una mercancía que debe regularse en esos términos, y no está sujeta a evaluación de riesgo. Ello ocurre a contrapelo del clamor ciudadano y de las organizaciones socioambientales, que postulan que el Estado debería por el contrario priorizar por apoyar los procesos de transición a la agroecología, una producción sin químicos que rompe con la dependencia de las semilleras y sus químicos y permite avanzar en la recuperación de la semilla tradicional y la biodiversidad.
Planta gigante sin evaluación de impacto ambiental
En septiembre de 2018 con cobertura de medios especializados e invitados nacionales e internacionales se inauguró en Viluco, en la comuna de Buin, una gigantesca planta de semillas de hortalizas para la exportación a toda Sudamérica, tras la fusión de Bayer con Monsanto. El SEIA, en respuesta a la consulta por transparencia de RAP-Chile acerca de las condiciones de aprobación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reconoció que no existió ningún proyecto que avalara esa ampliación. Bayer/Monsanto se saltó el Sistema.
Esta planta de procesamiento, embalaje y distribución de semillas de vegetales llamada por la empresa con su nombre en inglés, “Demand Fulfillment” supliría, según Bayer Monsanto cerca del 70% de la demanda de la región, con una inversión cercana a los US$8,5 millones de dólares. Originalmente esas instalaciones industriales fueron de la semillera Seminis, adquirida por Monsanto en 2005.
La partida ilegal en Paine
Los inicios de Monsanto en Chile se remontan a Paine, con ANASAC. En 1998 la resolución N°713 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la RM firmada por Ernesto Velasco, denegó la autorización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” presentado por Agrícola Nacional S.A.C. (posteriormente comprada por Monsanto) ubicado en Paine, en el kilómetro 41,5 de la Longitudinal Sur por encontrarse en ejecución antes de contar con una resolución de calificación ambiental favorable.
El Servicio de Salud Metropolitano verificó que las instalaciones del proyecto “Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” se encontraban operando antes de ser autorizadas. Acusa la resolución: “la calificación ambiental de proyectos en ejecución o ejecutados resulta inoficiosa porque los impactos ambientales negativos ya se han generado sin haberse decretado las medidas para reducirlos, repararlos, compensarlos o, simplemente, evitar que éstos se produzcan”. La resolución pidió a la municipalidad de Paine aplicar sanciones si no se hubiere contado con permisos de construcción.
Además, ANASAC desarrolló dos proyectos de ampliación aprobados por la resolución de calificación ambiental RCA N° 988/2008 del proyecto “Ampliación de Planta Seleccionadora de Semillas de Maíz para Exportación” y la RCA N°145/2010 del proyecto “Segunda ampliación planta seleccionadora de semillas de Paine”. La primera ampliación elevó las toneladas de semillas a un máximo de 24.000 toneladas, y en 2010 la nueva Declaración de Impacto Ambiental autorizó la ampliación hasta el doble: 48.000 toneladas de semilla de maíz y soya, híbridos y transgénicos. La modalidad elegida -Declaración de Impacto Ambiental- no profundiza en la línea de base ni los impactos de los proyectos y además no obliga a la autoridad a aceptar la participación ciudadana, de allí que todos los proyectos semilleros van por esta vía. Siguiendo su proceso de concentración, Monsanto Chile en enero de 2010 adquirió ANASAC S.A y su planta industrial seleccionadora de maíz y soya.
En marzo de 2016 Monsanto, nuevo dueño de ANASAC, presentó una tercera Declaración de Impacto Ambiental de la planta de Paine, “Optimización Planta Seleccionadora de Semillas”, que no aumenta la cantidad de toneladas de semillas a procesar, pero agrega las semillas de canola, y eleva sin explicación el número de camiones que intervendrían en el funcionamiento de la planta. Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas y transgénicos de RAP-Chile sostiene: “Monsanto y las semilleras se fortalecen paso a paso y nunca en el caso de Paine hubo un Estudio de Impacto Ambiental que posibilitara analizar los riesgos para el ambiente, la semilla tradicional y la biodiversidad, porque las autoridades priorizaron siempre por la inversión.”
En Graneros y Rengo
El año 2011, se aprobó sin reparos la Planta Agroindustrial Santa Julia de Monsanto, pese a que en la Declaración de Impacto Ambiental se mencionaba que funcionaría en tres fases, pero sólo se detalló el impacto de dos fases. La inversión era importante: 12,0000 Millones de Dólares (sic DIA). Se ubica en el fundo Santa Julia, de 70,54 hectáreas, al poniente de la ciudad de Graneros, en la sexta región. El objetivo era construir y habilitar una planta de lavado y secado de semillas de vegetales para procesar 200.000 kg de semilla procesada en un periodo de 30 días.
El año 2009 se autorizó la construcción de una planta de Monsanto Chile S.A. de Residuos Industriales Líquidos (RILES) para lavado de semillas, en el fundo El Nogal de Rengo. Incluía en esa fecha, según la Declaración de Impacto Ambiental aprobada, el lavado de semillas de zapallo italiano híbrido transgénico, que en 2010 se cuantificaba en aproximadamente 1.000 kg de pepas de ese zapallo.
Reacción de la comunidad y demandas
Desde la presentación de la ampliación 2016 de la planta en Paine, la comunidad se organizó en un Comité de Defensa de Paine, integrado por las más diversas organizaciones sociales locales, que organizó la Marcha contra Monsanto en su propia localidad el año 2018, y se ha movilizado dentro y fuera de su comuna para denunciar estos hechos. Pero la autoridad ambiental y la justicia negaron el derecho de este Comité a la participación ciudadana en la Declaración de Impacto Ambiental. Por ello, jamás pudieron entregar sus observaciones sobre los graves impactos negativos en la salud, y la degradación del ambiente derivados del uso de plaguicidas altamente peligrosos (HHP) provocados por el proyecto de Monsanto, que también trata todas las semillas con fungicidas e insecticidas HHP. El transporte, acopio y tratamiento de semillas transgénicas (de maíz, soya y canola) genera riesgos de contaminación genética en la localidad. En el recurso de Protección presentado en la Corte de Apelaciones el año 2017, el Comité argumentó respecto de la vulneración del derecho de igualdad ante la ley y el desconocimiento por la autoridad del principio de precaución. Esto es relevante ya que la zona, luego de más de una década de funcionamiento de la planta de Monsanto presenta alta incidencia de cánceres y enfermedades crónicas en niños y es considerada por sus habitantes como un nuevo territorio en sacrificio. Otros posibles impactos se relacionan con la sobrecarga del tráfico de camiones en los caminos, posibles efectos adversos sobre la salud de los trabajadores y alteración de la calidad del aire.
Además, se sabe que Monsanto como parte de su plan de “Responsabilidad social”, que en realidad fue propaganda para tratar de contrarrestar el repudio ciudadano, entregó dinero para proyectos comunitarios. En Buin, Monsanto hizo un plan de penetración en las escuelas inaugurando en 2015 un video sobre Seguridad Vial en la Escuela pública Humberto Moreno Ramírez, orientado a tranquilizar a los apoderados preocupados por los reiterados accidentes de los escolares. El alcalde de entonces, Angel Bozán, se desmarcó de la iniciativa y bajó el video de la web municipal. Pero también Monsanto entregó semillas -recubiertas con insecticidas- a niños de jardines infantiles para desarrollar huertas. Eso generó alergias con una reacción de alarma en padres y maestros.
Por otra parte, en 2014 el agricultor chileno José Pizarro (Los Andes, RM) ganó una demanda contra Monsanto entablada ante la Cámara de Comercio de Chile, debido a las prácticas “leoninas” utilizadas por la empresa en un contrato abusivo para multiplicación de maíz transgénico. Esa siembra significó para él su ruina económica. Asimismo, el agricultor José Riquelme (Ñuble), luego de 5 años de litigio con Monsanto logró un acuerdo de conciliación, también en 2014, al llegar su caso a la Corte Suprema. La demanda fue interpuesta porque el agricultor compró a una empresa subsidiaria de Seminis/Monsanto, semilla certificada de melón “Braco”, destinada a exportación, pero la semilla que sembró no correspondía en calidad y variedad a la semilla certificada. En la oportunidad, Riquelme declaró estar satisfecho por haberle “doblado la mano a una empresa transnacional que está causando daños inmensos a la agricultura internacional con sus semillas genéticamente modificadas, con resistencia a los plaguicidas y herbicidas.” Su caso, conocido en el exterior donde Riquelme ha participado en eventos contra Monsanto, ha sido sistemáticamente ignorado en Chile.
Glifosato, producto estrella de Bayer & Monsanto.
Aunque en Chile el glifosato está registrado con etiqueta verde según su efecto agudo, tan sólo entre 2017 y junio de 2018 hubo 36 casos de intoxicación aguda por este herbicida. La Organización Mundial de la Salud lo clasificó como probable cancerígeno humano el año 2015, pero ello no se refleja en las etiquetas ya que estas no contienen frases de riesgo crónico. En 2019, glifosato fue considerado responsable por casos de cáncer (linfoma no Hodgkin) en tres demandas distintas, con diferentes jurados en juicios que han tenido lugar en California, Estados Unidos. En todas ellas los jurados han hecho presente la conducta maliciosa de la empresa Bayer por no incorporar advertencias sobre el riesgo de cáncer en la etiqueta del glifosato, y también han señalado que la aprobación del registro del producto se basa en estudios sesgados y vinculados a la empresa, presentando los “Monsanto Papers”, documentos internos de la empresa que prueban aquello. Miles de juicio que se abrieron a continuación en Estados Unidos están detenidos debido a la emergencia sanitaria global. Pero las demandas han tenido un efecto demoledor en el valor bursátil de Bayer, cuyas acciones siguen a la baja mientras la compañía intenta ahora negociar con miles de demandantes que esperan su turno en tribunales. Hasta ahora en América Latina sólo hay una demanda contra Monsanto en Argentina. Pero en tribunales de carácter ético ha quedado establecida la violación al derecho humano a la alimentación saludable y a un medio ambiente libre de contaminación, así como el daño a la salud de trabajadores expuestos a este herbicida. En Argentina, uno de los países más afectados por el uso de glifosato, la comunidad del barrio de Malvinas Argentinas, en Córdoba, logró impedir con una larga lucha, que en su localidad Monsanto levantara la planta “´más grande de América Latina”. Sin embargo, la transnacional parece haber cambiado su pretensión a territorio chileno.
Fin progresivo del glifosato cancerígeno
En Chile, a contrapelo de la tendencia global, SAG por segunda vez denegó en 2019 la petición de prohibición de glifosato formulada por la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile citando unos pocos estudios, algunos de ellos desactualizados.
En cambio, en Centro América, Bermudas prohibió el uso de glifosato en 2017. San Vicente y Granadinas suspendieron el uso de glifosato. En Europa se prohibió para uso no profesional. En la República checa se establecieron serias restricciones para su uso antes de la cosecha. En Dinamarca se prohibió su uso en cultivos post emergentes. En Francia se prohibió su uso en áreas verdes y se anunciaron medidas para una prohibición total al cabo de 3 años. En Italia se prohibió su uso en áreas públicas y también su fumigación antes de la cosecha. En Holanda la venta de glifosato se prohibió para su uso no profesional. En Malawi, África, se anunció que se suspenden los permisos de importación desde abril de 2019. En Asia, Vietnam prohibió la importación de glifosato desde marzo de 2019. En Sri Lanka se prohibió la importación de glifosato excepto para su uso en plantaciones de té y caucho. Los países de Medio Oriente Oman, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain y Qatar, prohibieron la importación y el uso de glifosato.
Entre 6 y 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación, y un 90 % de la población mundial respira aire contaminado, según cálculos de la ONU. Chile quiere seguir contribuyendo a esas cifras apostando a la llamada “agricultura de precisión”, una falsa solución al cambio climático y al hambre anunciada a continuación de la crisis sanitaria. El gobierno se niega a apostar por la agricultura familiar campesina y sigue en cambio incentivando los monocultivos de exportación intensivos en uso de plaguicidas, y ahora además apuesta a la masificación de cultivos transgénicos. Este tipo de agricultura expulsa campesinos del campo para remplazarlos por drones y celulares. En esas esferas del Estado, ni el coronavirus ni la revuelta popular generan cambios en la política. A nivel territorial, son cada vez más las comunidades que han iniciado un camino autónomo que persigue la soberanía alimentaria y sanitaria, de la mano con las aspiraciones expresadas a partir del estallido social.
